En 2024, la producción de yerba mate alcanzó niveles históricos, los secaderos procesaron 986,7 millones de kilos de hoja verde, un 27,4% más que el año anterior de acuerdo al Instituto Nacional de Yerba Mate (INMY). Pero este récord no trajo buenas noticias para los productores. Mientras las exportaciones crecieron, el consumo interno sufrió una caída del 9,3% interanual, afectado por la crisis económica y la pérdida de poder adquisitivo de los consumidores, según los datos del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).

La situación se agravó con las reformas implementadas a fines de 2023. A través del DNU 70/2023, el gobierno eliminó el precio mínimo de la hoja verde, dejando a los pequeños productores sin un piso de referencia frente a la negociación con las grandes industrias. También derogó la Ley de Envasado en Origen, permitiendo que la yerba se fraccione fuera de Misiones y Corrientes, lo que afectó a las economías regionales. Adicionalmente, la apertura de importaciones generó un impacto directo en el mercado: en 2024 ingresaron 11,9 millones de kilos de yerba mate de Paraguay y Brasil, un 80% más que el año anterior.

La combinación de estas medidas provocó un desequilibrio en la cadena de valor. En marzo de 2024, el INYM fijaba el precio de la hoja verde en $370 por kilo. Sin regulación, los valores en el mercado descendieron a un rango de entre $180 y $240 por kilo, por debajo del costo de producción. En paralelo, los precios al consumidor en las góndolas no reflejaron esta caída, lo que indicó que la rentabilidad se desplazó hacia los intermediarios y las grandes marcas.

Este fenómeno ha generado una creciente concentración del sector. En febrero de 2025, los productores recibían apenas el 13,3% del precio final de la yerba mate, cuando en años anteriores la cifra rondaba el 24%. Tres grupos empresariales ya conocidos en el sector concentran casi la mitad de la producción nacional, fortaleciendo su dominio en un mercado cada vez menos competitivo.

Frente a este escenario, los productores han respondido con diversas medidas de protesta. En el primer trimestre de 2025 se intensificaron las manifestaciones en Misiones y Corrientes, incluyendo cortes de ruta y movilizaciones para exigir un precio justo y regulaciones a la importación.

El conflicto también se trasladó al ámbito judicial. En abril de 2024, la Cámara Federal de Posadas falló a favor de los productores y suspendió temporalmente la desregulación del INYM, permitiendo que volviera a fijar precios mínimos. Sin embargo, el gobierno nacional apeló la decisión y el caso permanece en la Corte Suprema, dejando al sector en una situación de incertidumbre.

El impacto en la economía regional es evidente. Muchas familias dependen directamente de la producción yerbatera en Misiones y Corrientes. La caída en los ingresos esta afectando a los trabajadores rurales y los agricultores. En algunas zonas, la actividad comercial ha disminuido drásticamente debido a la falta de circulación de dinero proveniente de la zafra.

Expertos del sector advierten que, sin medidas correctivas, la actividad podría irse reduciendo a manos de solo un grupo de empresas, desplazando a miles de pequeños productores. Entre las soluciones propuestas se encuentran la reinstauración del precio mínimo, el control de importaciones y el fortalecimiento del INYM. Sin embargo, la continuidad de la política de liberalización económica plantea un escenario incierto.

Más allá de los precios y regulaciones, la crisis de la yerba mate refleja una tensión más amplia entre eficiencia económica y equidad social. La pregunta central sigue abierta: ¿sostener la competitividad implica necesariamente sacrificar a los pequeños productores? La respuesta a este dilema definirá el futuro de un sector fundamental para la identidad y la economía argentina.